El senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo, junto a la abogada devenida en ultramacrista Florencia Arietto, iniciaron una denuncia penal que presentaron ante el Fiscal General del Departamento Judicial La Plata, con el objetivo visibilizar el “incumplimiento” en el rol de funcionarios públicos de ciertos personajes vinculados a la política actual.  Uno de los nombres que comprometería a nuestra localidad sería el de Javier Ibarra.

En los términos del artículo 268 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia dieron inicio a una formal denuncia "por la posible comisión de delitos contra la administración pública, vinculados al Plan provincial de vacunación contra el COVID 19, en los términos de los artículos 248, 249 y 260 del Código Penal de la Nación (Incumplimiento de los deberes de funcionario público y Malversación de caudales públicos); así como de la violación del decreto-ley 8841/77".

Al respecto, los denunciantes explicaron que durante los últimos días 2se han conocido diversos y alarmantes casos de personas que recibieron la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 en grave violación al orden establecido por la normativa que procura –con criterio epidemiológico incontrastable- la inmunización de la población provincial con un orden dado –básicamente- por la complementación de dos variables: el riesgo y la escasez de vacunas”.

Por ello, “resulta de extrema gravedad institucional, además de condenatorio ética y moralmente, que legisladores, funcionarios y civiles en general que no se encontraban en el grupo de riesgo prioritario se hayan inoculado una vacuna que –se reitera- al momento resulta escasa incluso para satisfacer la demanda de ese propio conjunto de personas predeterminado”.

Por otro lado, se dirigieron al fiscal diciendo que “ante la ausencia de un registro público de beneficiarios de la vacuna referida, circunstancia esta que motivó la presentación de un proyecto de ley por parte de un grupo de legisladores bonaerenses que advirtió las irregularidades cometidas y con riesgo de escalar en gravedad, es que nos vemos en la obligación de presentar aquí un menú de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación que dan cuenta de los hechos descriptos para que usted promueva la investigación indispensable”.

Los nombres que aparecen en la lista incluyen a: Claudio Arévalo, secretario general de ATE Quilmes; Mayra Martínez, licenciada en Biotecnología, funcionaria de la Dirección de Bromatología del Municipio de Quilmes; Nahuel Ezquieta, director de Zoonosis del Municipio de Quilmes; y decenas de personas llegando a Javier Ibarra, empleado municipal de Berisso, cómo Militantes del Frente de Todos.

De esta manera, en virtud del decreto provincial 41/2021 solicitaron que se investigue lo actuado por el titular de la cartera de Salud provincial, como autoridad sanitaria responsable de llevar adelante la campaña de vacunación, y la urgente apertura de datos para dar cuenta del alcance delictivo que este tipo de acciones representa.