A lo largo de los últimos años varios países de nuestra región, han sufrido cimbronazos políticos a partir de la injerencia conjunta de los poderes económicos concentrados, los medios de comunicación y buena parte de la justicia. El denominado lawfare, reemplazando a dictaduras militares de otros tiempos, destituyó de manera ilegal gobiernos populares elegidos democráticamente y persiguió a dirigentes en Brasil, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Todo esto mientras el poderío unipolar de Estados Unidos entra en crisis, y el neoliberalismo económico deja en evidencia su fracaso a nivel mundial.

La Argentina, no es ajena a esta estrategia geopolítica que intenta acallar procesos populares y democráticos basados en dos cuestiones fundamentales: implementar definitivamente un modelo económico de dependencia y concentración de la riqueza; y propiciar un profundo sentimiento social antipolítico.

En este contexto, nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viene siendo hostigada con causas judiciales que fueron cayéndose una a una, con ella siendo presidenta o simple ciudadana, con o sin fueros. Hoy asistimos a los tramos finales de un proceso judicial poblado de acusaciones que fueron demolidas una a una por los testigos, donde se negaron procesos de prueba por parte de la imputada como el pedido de auditoría de toda la obra pública, y donde hasta testigos de la fiscalía declararon en contra. En esta causa se deja claro que la realización de la totalidad de las obras fue aprobada por el Congreso de la Nación; que la licitación, adjudicación y control de las mismas las realizó la provincia de Santa Cruz. Las pericias realizadas durante el gobierno de Macri no arrojan irregularidad alguna, (lo que se pagó se hizo y con la misma calidad encomendada) y hasta parientes y socios del expresidente han declarado no ver anomalías en los procesos licitatorios y de ejecución de las obras. Por último, no existe decisión administrativa alguna que haya firmado Cristina Fernández de Kirchner direccionando especialmente alguna obra.

Ante ello, se ha montado un show mediático judicial con guionados alegatos de los fiscales, donde no se presentan pruebas concretas, y hasta se plantearon cuestiones nunca antes mencionadas en las audiencias, por lo cual la vicepresidenta pidió ampliar su indagatoria, la que fue negada, impidiendo de esta manera legítimo derecho a la defensa. Y como si fuera poco, hemos visto a juez y fiscales compartiendo encuentros deportivos en la quinta del expresidente Macri. Es este claramente un tribunal carente de imparcialidad, transparencia y objetividad.

No es nuevo este modus operandi en nuestra historia. Muchas veces se han intentado aplacar o eliminar procesos y dirigentes populares, con el fin máximo de desterrar de la realidad y la memoria colectiva las conquistas sociales y la ampliación de derechos.

El Consejo de Partido Justicialista de Berisso denuncia la operación política, mediática y judicial que se ha desatado sobre nuestra República, en conjunto con poderes concentrados de las finanzas y la economía. La acusación contra nuestra vicepresidenta no sólo burla el derecho penal sino que es un precedente nefasto para nuestra democracia.

Con la mayor de las vehemencias y la extrema prudencia que requiere este momento histórico, para no caer en las trampas que nos tienden este conjunto de poderes antipopulares, convocamos a nuestras y nuestros militantes a defender nuestra República, nuestra Democracia y acompañar a nuestra vicepresidenta de la Nación.

Partido Justicialista de Berisso