Una grave denuncia recae sobre Miguel Ángel De Boer, un berissense de aproximadamente 45 años con pasado en la política y que estuvo preso en varias oportunidades. Ahora está apuntado porque habría ejercido violencia de género y maltrato infantil contra las dos hijas menores (de 8 y 16 años) de una mujer con quien mantenía un amorío temporal. Lo más grave es que la Justicia no da respuestas.

El acusado se desempeña como cortador de pasto y podador en el Cementerio de Berisso, trabajando para la Municipalidad. Sus malos hábitos podrían complicar su situación judicial: es alcohólico y sería también un asiduo consumidor de cocaína, según informó NOVA.

P.M., una de las víctimas quien prefirió preservar su identidad, tomó el coraje necesario y el 15 de enero pasado lo denunció por este presunto calvario teñido de violencia que se extendió durante, por lo menos, los últimos 9 meses. El agresor hasta observó desnuda a la niña de 8 años en una oportunidad, según reveló la entrevistada.

En la Comisaría de la Mujer de Berisso radicó la denuncia y sólo ahí la supieron asesorar y la “trataron de primera”. No obstante, tuvo que rebuscársela para conseguir un abogado para la presentación judicial ya que el Área de Procesos Urgentes (APUR) no le brindó ese servicio.

En esta línea, el Estado y la Justicia no actúan con urgencia ante estos casos porque las autoridades del APUR le negaron la intervención de un psicólogo y de un abogado que lleve adelante su caso. No obtuvo respuesta alguna.

Luego, el Juzgado de Familia 7 de La Plata, ubicado en calle 47 al 957 y a cargo de la jueza Karina A. Bigliardi, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias haciéndose los desentendidos reiteradas veces.

Si bien se dictó una restricción perimetral el 19 de marzo pasado, en tan sólo 15 días, De Boer violó la orden en seis o siete ocasiones. Se denunció esta burla judicial y así su causa pasaría a ser penal. Dicho sea de paso, una más a su largo historial: posee otras tres por droga y amenazas con armas.

La Comisaría de la Mujer de Berisso solicitó al Juzgado de Familia 7 dos dispositivos que podrían ser de ayuda: un botón antipánico y un “rondín”, es decir, un patrullaje con una frecuencia de dos horas en el domicilio. Al momento, no hubo respuestas.

Por último, las autoridades no han estado a la altura respondiendo realmente a esta problemática: “Los funcionarios municipales, provinciales y judiciales no tomaron cartas en el asunto. Yo le pregunto a la Justicia y al gobierno, ¿están esperando que pase algo grave?”, reflexionó la denunciante.