Vecinos Autoconvocados de Berisso, vacunados y no vacunados, manifestaron su descontento con el "manejo" del pase sanitario, instancia en la cual involucran a administrativos, empleados municipales y profesionales de la salud.

Ante ello, apuntaron que se estaría cometiendo: "el delito de coacción" del artículo 149 bis, segundo párrafo, que afecta la voluntad de la víctima, obligándola a hacer, no hacer o tolerar alguna cosa; la Ley 26529 "de Confidencialidad del Paciente"; delito contra la ley de libre circulación, careciendo también del registro para conducir "no pudiendo circular por entidades públicas para trámites esenciales".

Así también se apuntó la Ley 23592 "Discriminación", por "las amenazas que han surgido en unidades sanitarias por abandono de paciente, por no presentar un carnet de vacunación, algo totalmente gravísimo, arrogándose, en los casos mencionados, el poder de policía con el agravante de cometer excesos en sus funciones".

Y continuaron: "Se ha  coartado la libertad de percibir la remuneración correspondiente a nuestros adultos mayores, personal y autoridades docentes, instigando a padres bajo amenazas de no permitir el ingreso a sus hijos no vacunados a la institución educativa, vulnerando la garantía educativa de nuestros hijos, entre otros."

"El señor intendente, en diferentes oportunidades, declaró a modo de promesa finalizar con el pedido del mismo mediante una resolución municipal, lo cual incumplió desoyendo las necesidades de los vecinos a acceder a estos derechos constitucionales fundamentales", cuestionaron, señalando que dicha resolución ministerial "avasalla con nuestra Constitución Nacional, que no suspende los derechos y garantías a los argentinos ya que ninguna declaración de emergencia santitaria puede pasar por alto la Constitución o la legislación nacional."

"Así lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de La Nación, en el fallo de este año, por lel cual habilito los establecimientos educativos en CABA, para que se dicten clases presenciales", añadieron.

Sumado a ello, acentuaron que "ninguna declaración de emergencia libera del poder regulatorio del derecho, porque las autoridades deben encarar la responsabilidad de atender los problemas que ella plantea en un marco de respeto a las normas constitucionales".

Quien recibió el pedido solicitado por los vecinos fue la concejal Silvina Di Renta. Luego volcó las inquietudes a un proyecto que fue "presentado y archivado en comisión en cuestión de horas, desoyendo una vez más, en democracia y con total autoritarismo a lo que nos tienen acostumbrados".

Argumentando la posición del Frente de Todos, indicaron que se ven obligados a comenzar a denunciar ante las autoridades de justicia, ante el INADI y demás instituciones, "a todo aquel que vulnere el derecho constitucional imperante coartando libertades sin autoridad, ya sean funcionarios, administrativos, empleados, docentes y personal de salud y a todo aquel que se sujete a una resolución por sobre Ntra Constitución Nacional".