El secretario de Seguridad Ciudadana, Federico Ruiz, dialogó con FM Berisso Ciudad sobre los hechos de gravedad que ocurrieron el último fin de semana, los cuales impactaron en la ciudad. También dedicó un párrafo a la situación que enfrenta con los guardavidas del distrito.
Ruiz se refirió en primer lugar a dos incidentes desgarradores: el asesinato de una menor a manos de su padre y el suicidio de otra joven. Sobre el caso del parricidio, detalló que el hombre contaba con una restricción perimetral desde 2022, la cual no fue renovada, lo que permitió que la situación se agravara. “Las medidas se habían tomado, pero caducaron. Fue un tema de la justicia lisa y llanamente”, afirmó Ruiz.
Respecto al segundo caso, explicó que la adolescente vivía en una situación de vulnerabilidad emocional, reflejada en conductas autolesivas previas al fatal desenlace. “Estos hechos no están directamente vinculados a la inseguridad, pero reflejan la violencia generalizada que atraviesa nuestra sociedad. Los jóvenes hoy se sienten desamparados, y la falta de contención social y recursos agrava esta problemática”, sostuvo.
El funcionario remarcó el nivel de conflictividad que vive la sociedad. “Hay mucha violencia en la calle. Hoy cualquier discusión menor puede terminar en una pelea violenta. Esto se refleja también en el incremento de los hurtos, los robos y los conflictos viales. Es un panorama complejo que va más allá de tener más efectivos policiales en las calles”, dijo.
Ruiz se refirió a las limitaciones que enfrenta la gestión debido a la reducción del fondo de seguridad provincial. “Pasó de 80 millones de pesos el año pasado a cero este año. Esto dificulta la inversión en infraestructura y tecnología necesarias para la prevención del delito. Nos faltan recursos para fortalecer la seguridad. No es una excusa, es una realidad que debemos afrontar”, aseguró.
En relación al conflicto con los guardavidas, Ruiz explicó que el tema fue judicializado luego de que el gremio presentará una demanda. “Nosotros planteamos una reubicación para aquellos que no estaban en condiciones, pero ellos insistieron en que debían continuar como guardavidas. Por eso, ellos llevaron la situación a la justicia, y ahora estamos esperando una resolución. Este tipo de conflictos no benefician a nadie, pero nuestra prioridad es garantizar la seguridad en las playas”, manifestó.
Ruiz también desmintió las acusaciones de extorsión vertidas por el gremio y aseguró que el programa de gestión integral acuática ya fue presentado y aprobado por el Ministerio de Seguridad.