En una reciente entrevista con FM Berisso Ciudad 88.5, Pablo Ollier, secretario adjunto del gremio SIGUR, expuso la situación crítica que atraviesan tres guardavidas despedidos de Berisso, quienes no cobraron su sueldo de diciembre y se encuentran imposibilitados de ejercer su profesión. El dirigente gremial calificó la situación como "arbitraria y política", y denunció la falta de empatía del municipio, encabezado por Fabián Cagliardi.
Según Ollier, el conflicto presenta tres instancias judiciales diferentes, incluyendo un amparo sindical para una trabajadora con tutela gremial y una acción de amparo derivada al Juzgado Contencioso Administrativo N° 1. “El juez entendió que el caso debía pasar por un proceso ordinario, pero para nosotros es urgente. Los trabajadores necesitan volver a trabajar y cobrar su sueldo”, señaló Ollier.
El municipio presentó como prueba un informe de un psicotécnico, aunque, según el gremialista, "sólo incluyeron las conclusiones del psicólogo, sin detallar las evaluaciones completas". Para Ollier, esto es equivalente a un diagnóstico médico sin análisis previos: "¿Cómo confiar en algo que no se muestra en su totalidad?"
Ollier criticó la actitud del municipio, que, según él, utiliza la judicialización como excusa para evitar el diálogo. “Decir que no pueden hacer nada porque está judicializado es una excusa básica y sin empatía. Dejaron fuera a una trabajadora con 17 años de experiencia cuatro días antes de la temporada”, denunció.
El dirigente también apuntó contra las medidas mediáticas del municipio para minimizar el impacto de las protestas, como el refuerzo con personal de defensa civil. "Cubrir las playas con un par de personas no garantiza la seguridad acuática. Es desprolijo y riesgoso", sostuvo.
El gremio permanece en asamblea permanente y no descarta retomar las medidas de fuerza. "El objetivo principal es que los tres compañeros despedidos recuperen su trabajo y salario. Mientras no haya avances, seguiremos luchando", enfatizó Ollier. La próxima audiencia judicial podría marcar un punto de inflexión, especialmente en el caso de la trabajadora con tutela sindical.
"El municipio debería reconocer que hay alternativas al diálogo judicializado, pero la postura sigue siendo cerrada. Mientras tanto, nuestros compañeros enfrentan situaciones personales muy complicadas", concluyó Ollier.
Desde SIGUR aseguran que continuarán utilizando todas las herramientas legales y gremiales para garantizar los derechos de los guardavidas y solucionar el conflicto. El conflicto sigue abierto, y la temporada estival pone en el centro del debate la seguridad en las playas y las condiciones laborales del personal que la garantiza.