Por Blackie Walsh, redactora de www.laotracara.info

La violencia parece estar siempre presente en nuestro país, en los espacios públicos, , en las calles, se pasea por los parques, deambula por los caminos y también la encontramos asentada en los hogares, problemas como el narcotráfico, la trata de personas, el bulling, la violencia intrafamiliar,  y  la de género; que mata a una mujer por día en nuestra nación.

La violencia y sus diversas manifestaciones destruyen la confianza de una comunidad, impactan negativamente en el bienestar de las personas y permiten el surgimiento de nuevas violencias, lamentablemente unas más silenciosas que otras, otras directamente invisibles ante todo para gran parte de la sociedad, del Estado y de la Justicia.

En Argentina, si hablamos de violencia de género,  la violencia psicológica es la que representa mayor prevalencia con un 51, 6%, seguida por la sexual con un 49,7, la física con un 34, 7 y las violencias económicas, patrimonial y/o ligadas a la discriminacion con un 27,%.

La violencia y el abuso no solo afectan brutalmente a las mujeres, sino que a sus hijos, a sus familias y amistades, y estos efectos incluyen daños a veces irreparables para la salud de las mujeres y daños psicológicos a largo plazo en los niños.

¿Y las leyes?

El artículo 45 de la Ley 26.485 del Codigo Civil refiere a la proteccion integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquier ambito donde la sufran. Pero a pesar de las leyes, de la creación de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica – de la Corte Suprema de la Nación-, y de la implementación de la Ley Micaela, cada vez son asesinadas más mujeres en Argentina.

Inauditamente la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Y decimos ïnauditamente ?`porque la violencia contra la mujer, no termina con la denuncia de la víctima sino que comienza en ese momento: el de la denuncia del violento. ¿Y por qué?

¿Qué hace la Justicia para salvar a las mujeres violentadas?

Los juzgados civiles no se capacitan, el Estado está ausente de toda protección para las víctimas, y la mujer desde ese instante de valentina donde saliendo de una jaula de maltratos se animó a gritar que podía morir en manos de un hombre, se ve atacada por aquellos que deben protegerla.

En la OVD las denuncias son interminables, las filas de mujeres llorando y en estado crítico mental y físico parecen sacadas de una película de terror. En la OVD tardan entre 4 y 7 horas en tomar la denuncia a la víctima, donde por ese tiempo tiene que relatar ante psicólogos y abogados que las miran y juzgan, ver si están mintiendo sobre su calvario.

Si ese grupo “profesional” considera que la mujer no mintió automáticamente se sortea un juzgado y ahí llega lo peor: La mayoría de los jueces son mujeres sin la más mínima preparación ni empatía por la mujer abusada. La mujer es investigada , juzgada, presionada a contratar a costosos abogados, y sin embargo el hombre violento que destruyó gran parte (o toda) la vida de esa mujer pocas veces es investigado, llamado a declarar u obligado a hacer pericias.

Esta es la realidad en Argentina. La mujer ganó espacios en la sociedad pero es la misma sociedad la que la juzga y condena. Es el Estado la que la deja desamparada y sin soluciones, y es todo el Poder Judicial la que la condena a un infinito martirio de pericias y resoluciones en donde lo máximo que se hace es darle a la víctima traumada y con riesgo de muerte, un botón antipánico y una perimetral: dos artilugios que no sirven.

Hasta cuando y hasta donde las mujeres deberan soportar esta suerte de caza de Brujas, donde la mujer por ser mujer y señalar a un hombre que la acosó, violó, golpeó, amenazó, golpeó y destruyó su psiquis y la de sus hijos, va a tener que seguir sufriendo este calvario?

Este calvario termina en un 30% de suicidios de las víctimas que son destruidas por el aparato de Estado-Judicial.