En horas de la mañana de este viernes, tuvo lugar una jornada destinada a Municipios bonaerenses con el objetivo de efectuar una capacitación sobre el Proyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia de la provincia de Buenos Aires, promovido por el gobernador Axel Kicillof en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Transparencia Institucional.

El encuentro se desarrolló en el SUM de la Comunidad (calle 18 e/155 y 156) y contó con la presencia del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; la subsecretaria de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia, Ana Laura Ramos y la secretaria de Gobierno, Aldana Iovanovich.

En ese contexto, el jefe comunal hizo entrega de un acta de adhesión al Proyecto de Ley acompañando la iniciativa del Gobierno provincial, que ya fue presentada ante la Legislatura Bonaerense. 

La jornada tuvo por destinatarios a funcionarios municipales, organismos de la sociedad civil, y colectividades.

La subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos agradeció a los presentes y al intendente, “por ser el primer municipio que realiza una jornada de capacitación de esta ley para toda la Provincia”.

“Quiero resaltar que desde el primer momento que empezamos a trabajar en este proceso, Berisso fue uno de los municipios que se sumó a participar en la redacción de la ley en las capacitaciones, en los foros provinciales, junto a la sociedad civil”, remarcó Ramos.

“El proyecto impacta positivamente en la sociedad, en quienes ejercen la función pública a través de diferentes mecanismos. Esta Ley es una necesidad que tiene la provincia de Buenos para su comunidad y los funcionarios, porque actualmente existe un vacío legal al respecto” describió la funcionaria. 

El proyecto, por definición y decisión política del Gobernador Axel Kicillof, fue concebido con amplitud y participación ciudadana de diversos actores de la sociedad civil, que llevó la concreción de 130 encuentros de diálogo y discusión.

“Esta Ley genera un marco normativo para que la gente sepa qué derechos tiene en relación con el desarrollo de acciones por parte de quienes ejercen la función pública y trabaja principalmente en la prevención, no en la sanción, teniendo en cuenta cuatro características: un sistema de integridad; la conformación de un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil con participación de organizaciones, colegios profesionales, universidades; capacitación obligatoria para la administración pública (funcionarios y agentes) y perspectiva de género”, completó la funcionaria provincial.