Este miércoles 24 de abril se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, donde las intervenciones fueron más pacíficas que en la ocasión anterior, pero sin cambios en lo que respecta a los trabajos que competen a la comuna.
En esta oportunidad, se contó con la participación de 19 concejales, con una segunda falta consecutiva con aviso por parte de uno de los miembros que integran el bloque del PJ -Unidad Ciudadana, Santiago Rodríguez.
Tal como anticipó este portal de noticias, el secretario general del SUPeH Berisso, Miguel Pujol, rechazó la invitación para ocupar la banca ciudadana, por lo cual ese lugar le fue cedido al referente de la Comisión Pro Autonomía de Berisso, Brahim Taube, quien agradeció el espacio pero pidió disculpas a todos los presentes por no hablar, porque consideró que su exposición supera el tiempo dispuesto por protocolo.
En la parte de los homenajes, pidió la palabra la concejal Edith Sosa, quien leyó el comunicado del partido oficialista, donde se manifiesta un profundo rechazo a los dichos de la diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, quien celebró la muerte del exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.
Si bien no se puede responder a los homenajes, según lo dicta el artículo 80, el concejal de Cambiemos, Darío Luna, alzó la voz y dijo que hay que respetar las opiniones de los otros, así como también dejar de lado los hechos de violencia.
En lo que respecta a ordenanzas, el bloque del PJ dio su punto de vista en base al Expediente Nº 90/19 que trata de la mediación municipal ante conflictos vecinales, y pidió detalles sobre cómo “harán para llevar esta medida en un momento tan difícil como el actual”.
Otro punto cuestionado fue el Expediente 94/19 donde se pide que el Ejecutivo informe los motivos por los cuales no le fueron cedidas las copias de facturas a la Asociación de Entidades Extranjeras. Al no tener esta documentación que en su momento firmó la Municipalidad, la Asociación entró en conflicto con la empresa Coca Cola y no puede cerrar su balance.
Por último, se trató la posibilidad de que el Ejecutivo intervenga como mediador para implementar en nuestro distrito la Ley Provincial 11769 que cuenta con un marco regulatorio y confirma que el acceso a la electricidad es un derecho. De esta manera, EDELAP no contaría con la facultad de quitarles los medidores a aquellos usuarios que no puedan pagar el servicio.