En una decisión que generó indignación en sectores de la política local y de la ciudadanía, el Concejo Deliberante de Berisso designó al concejal Antonio Ligari como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de que actualmente enfrenta una denuncia por violencia de género presentada por una trabajadora municipal.
La polémica se intensificó durante la última sesión del cuerpo deliberativo, donde se oficializó la nueva distribución de comisiones, ampliamente dominada por el oficialismo, que impuso su mayoría sin respetar el equilibrio entre bloques ni la representación proporcional de concejales. La designación de Ligari, del bloque PJ Unión por la Patria, como titular de la comisión encargada de velar por los derechos humanos fue calificada por la oposición como una contradicción ética alarmante.
Ligari y una causa abierta por violencia laboral
El concejal fue denunciado por violencia laboral con perspectiva de género por parte de una empleada del municipio. La causa se tramita actualmente en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata, que ratificó medidas preventivas dispuestas previamente por el Juzgado de Paz de Berisso. Entre ellas, se ordena el cese del hostigamiento y una restricción perimetral contra el funcionario, quien además oficia como “encargado” en guarderías e institutos municipales.
La magistrada a cargo del juzgado, María Fernanda Bisio, también exigió al municipio que en un plazo de cinco días hábiles informe sobre las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Asimismo, se recordó que el Estado argentino ha ratificado el Convenio 190 de la OIT y diversos tratados internacionales que lo obligan a actuar ante situaciones de violencia en el ámbito laboral.
El escándalo en el HCD: voces, gritos y grieta
Durante la sesión en la que se trató el tema, varios concejales exigieron que se discutiera con urgencia la situación de Ligari. “Si no actuamos, somos cómplices de la violencia”, expresó uno de los ediles. Sin embargo, el oficialismo bloqueó toda propuesta de modificación y votó en bloque contra la revisión de la conformación de comisiones.
La votación terminó con una fuerte división: mientras la oposición, integrada por Juntos por el Diálogo Federal, Juntos y La Libertad Avanza, no obtuvo ninguna presidencia de comisión, las ediles oficialistas Aldana Iovanovich, Marcela De Vera, Mariana Miño, Juana Murillo, Carla López Domínguez y Nadina Brizzi respaldaron con su voto la designación de Ligari. El resultado: la resolución fue archivada.
La sesión culminó en un clima de escándalo, con gritos y acusaciones cruzadas. Se escucharon expresiones como "¡no puedo creer que todavía esté sentado el violento!", reflejando el malestar de sectores del cuerpo legislativo ante lo que consideran una señal de impunidad.
Contradicciones que hieren la democracia
La designación de un funcionario cuestionado al frente de una comisión tan sensible como la de Derechos Humanos expone una grave contradicción institucional. No solo pone en entredicho el compromiso del oficialismo con las políticas de género, sino que también visibiliza el uso arbitrario del poder en la asignación de espacios estratégicos dentro del Concejo.
Mientras la Justicia avanza y exige respuestas, el oficialismo local parece dispuesto a sostener una figura cuestionada, generando una grieta que no solo es política, sino también ética.
Así quedaron conformadas las comisiones: el oficialismo se quedó con todo
En una maniobra que fue duramente criticada por los bloques opositores, el oficialismo se adjudicó la presidencia de casi todas las comisiones permanentes del Concejo Deliberante, dejando sin representación significativa a los espacios minoritarios.
La distribución fue vista como arbitraria y carente de diálogo, sin respetar el peso proporcional de los bloques. Sólo dos excepciones rompieron la hegemonía: Del Curto fue designada al frente de la comisión de Ambiente y Ecología, y Natalia Moracci presidirá Tierra y Vivienda. Ambas pertenecen a bloques opositores, lo que evidencia que la concentración del poder fue casi total.
El resto de las comisiones quedaron bajo control del bloque oficialista PJ - Unión por la Patria. Los bloques Juntos, La Libertad Avanza y Juntos por el Diálogo Federal no obtuvieron la presidencia de ninguna comisión, a pesar de haber presentado propuestas alternativas y solicitar un reparto equitativo.
