A partir del 24 de marzo de 1976, con la caída del Gobierno democrático, se inicia en el país un proceso creciente y constante de fuga de capitales, el cual consiste concretamente en sustraer pesos a la economía del país, comprando dólares y sacándolos del circuito económico-financiero, ya sea enviándolos al exterior, guardándolos en cajas de seguridad bancarias o atesorándolos en nuestras casas.

Es aquí donde encontramos el punto de inflexión de un nuevo modelo social, cultural y económico en el cual se valora la especulación financiera en detrimento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones.

Durante este período la fuga se debió a diferentes factores, entre 1976 y 1983, años de dictadura, la fuga de capitales estuvo intrínsecamente vinculada al endeudamiento externo y a la renta financiera. En cambio, por ejemplo, entre 2003 y 2015, se debió al superávit comercial, al ingreso de dólares por exportaciones, al desarrollo interno. Entre 2015 y 2019 esa fuga, que ascendió vertiginosamente en 86.000 millones de dólares, estuvo ligada también como en años dictatoriales a la toma de deuda externa y la especulación financiera.

Más allá de las razones por las que se da, la fuga de capitales perturba o entorpece claramente la posibilidad de usar esos dividendos para el desarrollo socio-económico del país, pero a su vez reduce la recaudación de impuestos provocando evasión fiscal con la consabida consecuencia de afectar una distribución de la riqueza más justa.

Se estima que en la actualidad existen cerca de US$ 400 mil millones fugados del sistema, lo que equivaldría a un PBI. Pero como dijimos anteriormente, de la deuda tomada en estos 46 años casi una cuarta parte se produjo entre el 2015 y 2019. Una cifra impactante.

Nuestro gobierno firmó en el mes de marzo un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda por US$ 44.000 millones asumida por el gobierno de Mauricio Macri. El debate que surge naturalmente es de dónde saldrán los recursos para financiar ese pago de deuda.

Frente a ello, un grupo de senadores de la Nación del Frente de Todos presentaron dos proyectos, uno de Creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, y otro de modificación de la Ley de Entidades Financieras promulgada en 1977.El primero crea un “aporte especial de emergencia” para blanquear bienes y dinero no declarados y fugados al exterior.El segundo proyecto reforma la ley de entidades financieras con el objetivo de eliminar el secreto bancario y ampliar la facultad de la Comisión Bicameral de Deuda para que el Estado se pueda enterar quiénes son, cómo lo hicieron, cuándo y dónde están los evasores.

Creemos de suma importancia el debate social sobre estos proyectos, y la aprobación de estas propuestas legislativas que permiten hacer frente a nuestros compromisos asumidos con el FMI; pero que ello no se realice a partir de ajustes a los más humildes, a los que menos tienen, con impuestazos, cierres de fuentes laborales y ajustes; sino que paguen en principio quienes delinquen evadiendo impuestos. De la misma manera exigimos a nuestra justicia profundice el proceso de investigación que ha iniciado con respecto al endeudamiento realizado en el año 2018 durante la gestión de Juntos por el Cambio. Y finalmente, convocamos a nuestros legisladores a acompañar esta propuesta de Senadores Nacionales.

El endeudamiento no fue a escuelas, hospitales o rutas, ni a los sueldos de nuestro pueblo; sino al bolsillo o a las cuentas de quienes cometieron delito, y por ello deben dar testimonio ante la justicia y pagar gran parte de esta deuda.

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